Como una obligación no sólo normada por la ley y los tratados internacionales, sino que también, por un tema moral, que tiene que ver con el reconocimiento del otro en su diversidad étnica, calificó el Defensor Penal, Arturo Zegarra, el avanzar en la justicia penal indígena.
Es en ese marco, en que defensores penales, profesionales y gestores interculturales, participaron en un intenso taller sobre este tema, el cual cobra especial sentido a partir de la puesta en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Si bien el Convenio 169, de la OIT, obliga al Estado Chileno la incorporación de la justicia indígena, que lleva al reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos originarios, la Defensoría Penal de Iquique, fue pionera en incorporar un enfoque de interculturalidad, en su quehacer institucional.
Es así que desde antes de la entrada en vigencia del Convenio 169, Tarapacá, junto a Arica-Parinacota, incorporan a facilitadores interculturales, que hablen la lengua nativa. No sólo para que interpreten la expresión del imputado aymara, sino que, además, lo haga desde la cosmovisión originaria, muy distinta a la mirada occidental.
El Defensor Regional Arturo Zegarra señaló que ello surge con el propósito de “poder acercar las visiones culturales distintas, las cosmovisiones que puedan tener personas de una etnia originaria”. Y pensando tanto en indígenas rurales como urbanos, según explicó la autoridad.
Especial sentido cobra este enfoque, entonces, si se considera el alto porcentaje de población de origen aymara, en las principales ciudades del norte, como Iquique, Alto Hospicio y Arica.
Luego de la entrada en vigencia del Convenio 169, la Defensoría avanza en la especialización del tema de la justicia indígena. Y es en ese contexto en que defensores, profesionales y facilitadores interculturales de las tres primeras regiones, se congregaron en esta ciudad, en una intensa jornada.
A juicio de Arturo Zegarra, el tema, que cobra mucha vigencia, a partir de las obligaciones impuestas por el citado instrumento internacional, lleva a que, “debamos iniciar un trabajo de mucha mayor demanda, en el sentido de tener las capacidades y las especializaciones, por parte de nuestros defensores para que puedan entregar al tribunal, esa mirada, esa cosmovisión, esa forma distinta de resolución de conflictos que puedan tener los pueblos originarios”.
Entonces, más allá del peso de la normativa, Zegarra señala que este tema, es también un imperativo moral. “Para la Defensoría efectivamente es una obligación ética; obligación que está contenida en la defensa propiamente tal. En una la búsqueda de todos los elementos que lleven a que una persona que se vea involucrada, perseguida por el sistema penal, tenga una defensa de calidad. Por ello, para nosotros es también, una exigencia moral, esta búsqueda de mayores niveles de justicia”, concluyó.