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 Un  proyecto de ley que aumentan las penas por robo y usurpación de aguas en Chile, delito  que claramente  dañan a los agricultores y a... Diputado Gutiérrez presentó proyecto para aumentar penas por hurto y robo de agua

 Un  proyecto de ley que aumentan las penas por robo y usurpación de aguas en Chile, delito  que claramente  dañan a los agricultores y a empresarios turísticos de la región de Tarapacá,  presentó en el Congreso el diputado Hugo Gutiérrez. La sustracción ilegal de aguas, afecta elagotamiento del vital recurso, para la gente que vive en la región.  

El delito se usurpación de aguas está previsto y sancionado en el artículo 459 del Código Penal con las penas de presidio menor en su grado mínimo –de 61 a 540 días- y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, lo que, a juicio del parlamentario comunista ” resulta irrisorio, por ejemplo, si se compara con el hurto de energía eléctrica que puede llegar a la pena de presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años).  Es igualmente baja la pena si se compara con los delitos de hurto o las defraudaciones, todos tipos que se sancionan de conformidad al valor de lo hurtado o defraudado”

 Explicó que este ilícito es especialmente grave en sectores que dependen del agua como la Primera Región, donde hay localidades que se han construido al alero de los pocos recursos hídricos existentes, entonces si el recurso se extrae indiscriminadamente se afecta ” el derecho de propiedad de pequeños agricultores y empresarios turísticos que ven fuertemente dañada su empresa por la escasez de agua, lo que se agudiza por estas extracciones al margen de la ley”

En todo el norte de Chile existe escasez de agua y una sobreexplotación de los acuíferos existentes, ” provocando no sólo un perjuicio a la población que depende de estos recursos hídricos, sino que –además- al ecosistema al usar agua sin ninguna regulación y en forma completamente ilegal de los depósitos subterráneos, lo que puede llevar a una sequía total de bastos sectores de nuestro territorio nacional”.

Y como las penas son tan bajas es que se prefiere correr el riesgo a ser sancionados que detener la explotación ilegal para obtener utilidades ilegales, por lo que legilar al respecto, es urgente.