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En estos momentos  se realiza la audiencia de formalización en contra la de ex intendenta de Tarapacá Antonella Sciaraffia, además de otras 11 personas ... Gran expectativa por audiencia de formalización en caso muebles

En estos momentos  se realiza la audiencia de formalización en contra la de ex intendenta de Tarapacá Antonella Sciaraffia, además de otras 11 personas  que son investigadas en la causa del “Caso Muebles”, y que serán formalizadas por asociación ilícita. Ello  según las acciones que se le imputen a cada uno, por otros delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, cohecho, falsificación, uso malicioso de documento público o privado y estafa.

Las personas que serán formalizadas además de la ex intendenta son los abogados William Miles y Carlos Córdova, los funcionarios públicos Isabel Mollo, Sergio Cifuentes, Nixon Hip y José Riquelme, los ex funcionarios Erick Barrios, Claudio Rivera y Pilar Sepúlveda, y Claudio Soto y el dentista Bruno Cánepa.

Todos ellos serán formalizados por el delito de asociación ilícita y, según las acciones que se le imputen a cada uno, por otros delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, cohecho, falsificación o uso malicioso de documento público o privado, y estafa.

En la audiencia, la Fiscalía dará a conocer la participación que tuvo cada uno de los imputados en los hechos y solicitará las medidas cautelares que correspondan. Junto a los fiscales estarán los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado, Servicio de Impuestos Internos y Servicio Nacional de Aduanas.

A las doce personas que serán formalizadas se unen a  los ex funcionarios públicos que se encuentran privados de libertad, Jorge Jacobs y Freddy Casareggio, quienes están acusado de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público; a Gianpiero Cánepa, que está privado de libertad por estafa, falsificación de instrumento privado, presentación de declaraciones maliciosamente falsas, utilización de la calidad de usuario de Zona Franca en perjuicio fiscal, contrabando y lavado de activos; y el abogado Diego Hauva, también privado de libertad por el delito de prevaricación, representar en  un mismo caso a las distintas partes en disputa.

La formalización corresponde a la acción de la Fiscalía que a través de una audiencia pública les comunica a las personas,  los delitos por los que son investigados y además, se hace una descripción de los hechos, por los cuales son investigados. En la audiencia también la Fiscalía también puede solicitar al tribunal, medidas cautelares.

Hechos

El 2008, estando a la cabeza del Gobierno Regional de Tarapacá, Antonella Sciaraffia, se gestionó la millonaria compra, aprobada por el Consejo Regional, de muebles para las escuelas de Iquique y Arica, además de computadores. Los primeros llegaron en malas condiciones y fueron rechazados en algunos colegios de Iquique y especialmente de Arica, que al momento de recibir esta partida ya  era la Región de Arica y Parinacota. En el caso de los computadores fueron entregados, en algunos casos, sin armazón y con piezas faltantes.

Defensa de Antonella

La defensa de Antonella Sciaraffia que lleva el abogado Nelson Rocco Guzmán, tras presentar una acusación, logró que el Ministerio Público, iniciara una investigación  administrativa  contra el Fiscal de Tarapacá, Manuel Guerra Fuenzalida; y contra el fiscal adjunto,  Eduardo Ríos Briones,.

En tanto, el administrador público, que lleva varios meses recluidos en el recinto penal de Alto Hospicio, sostiene su completa inocencia. Su familia arremetió con una campaña en su favor, confiada  en que se desvirtuarán las acusaciones contra el profesional

La verdad

El diputado Gutiérrez, declaró que Iquique merece saber toda la verdad sobre el caso muebles y que no descansará hasta que ello ocurra.  Recordó que los  12 imputados en el caso, deberán ser formalizados por asociación ilícita, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

A juicio de Gutiérrez, es intolerable que no se avanzara en la verdad,  “hasta el día de hoy se ha visto que la acción penal había tardado. Efectivamente  ya han  encarcelado tres de estos responsables de este ilícito y me parece muy bien que se está encausando a otros más”.

Del mismo modo, declaró estar expectante, ante el anuncio del abogado defensor de la ex intendenta, que dijo que la ex intendenta dirá toda la verdad respecto del caso. “Ella va e decir toda  la verdad y por supuesto vamos e estar muy atentos  para escuchar  toda la verdad que tiene que decir” y que por lo mismo, “se avance al esclarecimiento total de los hechos ilícitos que significaron este fraude para las escuelas las regiones de Tarapacá y Arica Parinacota”
 
Hay que recordar que Gutiérrez fue la primera persona que se querelló en este caso, por asociación ilícita. En esa marco solicitó  diligencias precisas de investigación como lo es investigar los destinos de estos fondos, la salida  y entradas al país de los imputados, también el levantamiento del secreto   tributario para saber con exactitud donde están los dineros”.
Sobre los dineros defraudados, recordó que son 1.500.000 millones de pesos que han sido defraudados al Estado y que corresponde a dineros fiscales “que iban a las necesidades de los colegios municipales que son los colegios que reciben a los estudiantes más pobres de Tarapacá y de Arica y Parinacota” .

Formalización

La audiencia de mañana  jueves 3 de noviembre. Esta se dará con una serie de elementos nuevos, por ejemplo, la arremetida que está realizando la familia de Freddy Cassarieggo, que se encuentra recluido en la cárcel de Alto Hospicio, desde donde ha sostenido su completa inocencia en el caso y su confianza que los hechos se aclararán en la audiencia de formalización.

Por su parte, la defensa de Antonella Sciaraffia, a cargo del abogado Nelson Rocco Guzmán, difundió su tesis de defensa, en el sentido que la intendenta habría sido engañada por jefaturas subalternas y que ella actuó de buena fe. Y anunció que entregará todos los antecedentes del caso.

Además Rocco, presentó una acusación contra  del Fiscal Regional, Manuel Guerra, basada en el hecho que el fiscal habría desplegado en forma deliberada, una campaña comunicacional para afectar a la imputada.  La acusación también afecta al fiscal adjunto, Eduardo Ríos.