Propuesta de Corredor Territorial, del Gobierno del Presidente Gabriel González Videla
Opinión y Comentarios 13 noviembre, 2011 Edición Cero
Rigoberto Sánchez Fuentes, Historiador. Magíster en Relaciones Internacionales
Eran los días de la Guerra Fría y el Presidente de Chile, Gabriel González Videla, había resuelto la gobernabilidad conservadora del sistema político mediante la exclusión del Partido Comunista, mientras en el ámbito externo, la reivindicación de la Antártida como parte integrante del territorio nacional y la proclamación de soberanía sobre el zócalo continental y los mares adyacentes garantizaban la integridad territorial del Estado y el derecho soberano sobre sus recursos.
Sin embargo, la demanda marítima boliviana, junto con perturbar el desarrollo de las relaciones vecinales, contenía, también, la capacidad potencial para generar incordios en las relaciones con los países latinoamericanas, puesto que, al parecer, aumentaba en las cancillerías la comprensión por la posición reivindicativa boliviana.
Al respecto, el Presidente boliviano Enrique Peñaranda en el Mensaje Anual de 1947 ante el Congreso Pleno había informado que la posición nacional suscitaba “grandes y generales simpatías” entre los países sudamericanos.
En tanto, las provincias del Norte Grande de Chile demandaban un nuevo trato al Estado, basado en la organización de una economía industrial, la construcción de infraestructuras productivas y viales, libre importación de productos alimentarios argentinos, la inversión en servicios y bienes urbanos en las ciudades de Arica, Antofagasta e Iquique.
De este modo, se conjugaron en el núcleo decisional del Gobierno, los intereses de la política exterior y los requerimientos de la política vecinal con las necesidades domésticas de las elites provincias y la voluntad de expandir hacia el Norte Grande los fundamentos de desarrollismo estatal, todo ello en sintonía con los dictados geopolíticos de Estados Unidos.
En sus Memorias González Videla describe el proceso de construcción de la solución realizado mediante el diálogo presidencial y del Ministerio de Relaciones Exteriores con las autoridades bolivianas, sus características territoriales, compensaciones y los beneficios que sufragaría a las actividades agrícolas, mineras e industriales de las provincias nortinas:
“La formula que encontramos después de cuidadosos estudios fue que Chile contemplaría ceder a Bolivia, al norte de Arica, una faja de terreno de un ancho de diez kilómetros, contigua a la frontera peruana y que correría del litoral hasta el límite, para que Bolivia se pudiera comunicar con el océano Pacifico a través de su propio territorio y pudiera construir su puerto. A cambio de ello, porque esta cesión requería una compensación, Bolivia permitiría que se aprovechara el agua del lago Titicaca para generar energía hidroeléctrica que pudiera ser utilizada en las provincias chilenas de Tarapacá y Antofagasta.” [1]
Esta solución, surgida del entendimiento bilateral, fue expuesta a Harry Truman, Presidente de Estados Unidos, en la entrevista sostenida por el Presidente chileno, el 13 de abril de 1950. No sólo eran los recursos financieros para realizar las obras hidráulicas lo solicitado a la potencia hegemónica, también su evaluación geopolítica, puesto que modificaba el escenario territorial de América del Sur, incorporándose un nuevo actor al concierto de naciones ribereñas del Pacífico Sur.
La diplomacia bilateral practicada, basada en el ejercicio secreto de las virtudes de la argumentación, la persuasión y el consenso había generado una “formula” de solución que restituía la “cualidad marítima” al Estado boliviano, mientras el Estado chileno, reconstituía su frontera septentrional y generaba condiciones estructurales para el crecimiento de las actividades productivas del Norte Grande.
Este es el origen de la propuesta reformulada en 1975 por la dictadura militar. Si hay merito en ella, es justo reconocerlo al Presidente Gabriel González Videla.
[1] Gabriel González Videla, Memorias, p.895