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Una querella criminal contra tres funcionarios de la PDI de Iquique por los delitos de robo con intimidación, detención ilegal y abusos contra  dos... Querella criminal contra tres efectivos de la PDI por  robo, detención ilegal y abusos a dos extranjeros

Una querella criminal contra tres funcionarios de la PDI de Iquique por los delitos de robo con intimidación, detención ilegal y abusos contra  dos ciudadanos extranjeros, presentó el diputado Hugo Gutiérrez, en el tribunal de Garantía de Pozo Almonte.  Dijo que no descansará hasta que se aclaren los hechos, se haga justicia y los culpables sean enviados a la cárcel.
 
De acuerdo a la información emanada de la Oficina Parlamentaria, el 08 abril de 2011, los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Iquique,  Alex Toledo Riveros, Luís Domínguez Pérez y Nicolás Videla Rodríguez cumplían  servicios en el centro fronterizo de Colchane.  Alrededor de las 18:00 horas, detuvieron a dos ciudadanos extranjeros, Rodolfo Calani, de nacionalidad Boliviana y a Jorge Ticona, peruano; ambos comerciantes que venían de compras a la Zona Franca.

Ambos  fueron trasladados en un vehículo fiscal, supuestamente a la ciudad de Iquique en calidad de detenidos, pero en realidad “los  llevaron a la localidad de Cariquima donde los tres funcionarios de la PDI registraron las ropas de los comerciantes, robándoles dinero en efectivo, aproximadamente 6 millones de pesos. También se informa que recibieron apremios ilegítimos para luego ser abandonados  a su suerte en pleno altiplano chileno”.
 
 El diputado Hugo Gutiérrez se refirió a este caso que nuevamente se ven involucrados  funcionarios públicos, esta vez  efectivos ´policiales de la PDI. Es así que solicitó al juez de Garantía de Pozo Almonte que reabriera la investigación, porque hay diligencias que es necesario realizar.
 
El juez cito al diputado Gutiérrez a una audiencia para discutir  la reapertura del caso, de acuerdo a los fundamentos contenidos en la querella, “en el sentido que se tienen que realizar todas las investigaciones antes de ser acusados de robo con intimidación, detención ilegal y abusos contra particulares”.

El parlamentario espera que aclarados los hechos, en el curso de la investigación, “esperamos que sean condenados al máximo de las penas, porque no sólo se involucran los delitos de corrupción pública y falta a la probidad administrativa”, sino que se cometen otros delitos.

 “Buscamos la condena máxima de la pena en el ámbito criminal y en el ámbito administrativo disciplinario. Esperamos que sean dados de baja los tres funcionario, para que todos los otros funcionarios públicos de la región y de Chile, sepan que hay que ser implacable frente a los delitos de corrupción pública y que afectan la probidad administrativa y los derechos garantizados por la constitución, en este caso, la integridad física y el patrimonio de dos comerciantes  extranjeros que venían a realizar negocios a  la Zofri”.