Patricia Politzer, periodista
ElMostrador.cl Cuesta entender la “guerra de Aysén”. ¿Cómo es posible que el gobierno permita que un conflicto social se prolongue por más de un mes?
En este largo período se ha visto de todo. Al comienzo, la vieja política del avestruz: esconder la cabeza y hacer oídos sordos. Luego, refuerzo de policías en la zona con Fuerzas Especiales de Carabineros. Intentos de desprestigiar al movimiento acusándolo de “político” como si aquello fuera un pecado, un delito o una transgresión a la convivencia. Conductas erráticas: el ministro Jaime Mañalich se sentó a conversar, asumió compromisos y cerró la demanda de salud con barricadas y carreteras tomadas; las otras autoridades que viajaron a la zona no se empoderaron del mismo modo y comenzó un tira y afloja, que sólo podía terminar mal.
Batallas campales entre pobladores y policías, represión indiscriminada y aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado a 22 personas, entre ellos pobladores y dueñas de casa sin ninguna militancia y también partidarios de la coalición de gobierno. Fin del diálogo en la región.
Después de casi un mes y medio de conflicto, el foco está centrado en la represión mucho más que en las demandas sociales. Y no es para menos: cuatro personas han perdido un ojo, decenas de heridos con balines de acero incrustados en diversas partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, cerros de bombas lacrimógenas arrumbados en las calles. Todo esto como respuesta a las protestas con barricadas y cortes de camino. Cabe preguntarse si hay alguna proporcionalidad entre la manifestación social que sin presencia policial fue totalmente pacífica, y la acción desmedida de Carabineros.
El general Director de Carabineros, Gustavo González Jure, se vio en la obligación de reconocer el uso de violencia innecesaria, aclarando que “pueden haber excesos de personal que se aparta de sus obligaciones funcionaras”. Lo mismo hizo el vocero del gobierno, ministro Andrés Chadwick, quien agregó que algunos carabineros quedaron fuera de sus cargos y están siendo sumariados.
Cuesta entender por qué el gobierno llevó el conflicto a este punto. La estrategia ejemplificadora para otras zonas del país que anuncian movilizaciones es una explicación demasiado pobre. Una ineficiencia mayúscula frente a los conflictos sociales también es pobre. Tampoco resulta convincente la idea de ir produciendo un fuerte desgaste en el tiempo. A la luz de distintos escenarios que ha enfrentado en sus dos primeros años (Aysén, Magallanes, movilización estudiantil), da la impresión que el gobierno no sabe dialogar y que la represión policial es una cuestión de índole.
El diálogo es una práctica inherente a la democracia. Los antiguos griegos asumieron su relevancia tanto a nivel individual como social. El diccionario de la Real Academia lo define como “discusión o trato en busca de avenencia”. Para que este intercambio de pareceres se pueda llevar a cabo es indispensable el respeto y la valoración del otro. Es difícil que el diálogo pueda ser fructífero cuando se desconfía y, sobre todo, se menosprecia al interlocutor.
A las autoridades actuales les falta valoración y les sobre el menosprecio por su interlocutor. Cada vez que se sientan a negociar da la impresión de una concesión benevolente y no de una obligación para avanzar en la construcción de país. Se enfatiza la superioridad técnica y se desestiman los factores políticos, sociales y culturales. ¡Para qué decir los emocionales!
El diálogo conlleva la idea de una conversación entre iguales, en la que ambos están dispuestos a entender al otro para llegar a acuerdo. Esa disposición no se percibe cuando el gobierno se sienta con los dirigentes sociales. La atmósfera de aquellas reuniones huele a una cita entre el patrón y sus empleados, en las que el gerente plantea la situación y da por hecho que sus interlocutores deben entender y acatar. Son encuentros que más parecen operaciones mediales usadas como paréntesis para una nueva acción de represión. O como ocurrió con la paralización de la central termoeléctrica Barrancones, para evitar la represión y el diálogo, el Presidente concede por sí y ante sí la demanda exigida.
La derecha, en su primer gobierno elegido después de la dictadura, y el primero desde 1958, no ha cambiado su naturaleza profunda. Las demandas sociales se reprimen: cuestión de índole. Así ha sido durante toda nuestra historia republicana. Ningún avance social se logró sin pasar por la represión policial a los movimientos sociales que lucharon por conquistas tan variadas como el derecho a voto para las mujeres, el derecho a sindicalizarse o a una jornada de trabajo razonable, por nombrar algunos.
En Aysén ya se cumplió con la represión, es hora de dialogar de la forma más horizontal que la naturaleza de los gobernantes lo permita.
Fuente: http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/03/23/represion-policial-una-cuestion-de-indole/