Cambio21 / Por Teresa Frías K.- Entre las irregularidades están los altos sueldos a miembros del directorio o ejecutivos importantes, externalizar servicios relevantes, medida por la cual las utilidades de la universidad que no pueden retirarse, si pueden pagarse a las empresas relacionadas -sociedad espejos- desde donde si pueden retirarse o distribuirse a sus propietarios o en el directorio de la institución se han incorporado familiares, con el objeto de repartir un mismo ingreso entre distintos contribuyentes disminuyendo la base imponible.

Hace una semana la educación una vez más era el centro de atención, a propósito de la denuncia del ex rector de la Universidad del Mar, Raúl Urrutia, en la cual da cuenta que se pagan los arriendos a los edificios que ocupan las sedes y no se pagan las cotizaciones de los trabajadores. El punto es que los dineros de «arriendos» van a los dueños de estos centros de educación superior, que es una de las formas que encontraron para lucrar con el sistema.

Ahora el escándalo es aún mayor tras el informe de la comisión especial de educación de la Cámara de Diputados, el que revela que al menos siete universidades han incurrido en distintas irregularidades y no responden al requisito legal de ser corporaciones educacionales sin fines de lucro. Las denunciadas son: Universidad de Las Américas, Universidad Andrés Bello, Universidad de Viña del Mar, UNIACC, Universidad Santo Tomás, Universidad del Desarrollo y la Universidad del Mar.

Entre las irregularidades están los altos sueldos a miembros del directorio o ejecutivos importantes, externalizar servicios relevantes, medida por la cual las utilidades de la universidad que no pueden retirarse, si pueden pagarse a las empresas relacionadas -sociedades espejo- desde donde si pueden retirarse o distribuirse a sus propietarios o en el directorio de la institución; se han incorporado familiares, con el objeto de repartir un mismo ingreso entre distintos contribuyentes disminuyendo la base imponible.

Al margen de la ley para lucrar

Para la diputada y presidenta de la comisión que denunció las irregularidades, Alejandra Sepúlveda (PRI) «aquí se revelaron complicaciones gravísimas. Aquí existe un grupo económico que compra, que tiene presencia en más de 26 países donde compra y en donde tiene empresas de este tipo. Pero en Chile no se puede lucrar con la educación superior, y creemos que aquí hay un punto que hay que revisar».

En diálogo con Cambio21 la parlamentaria agregó que «en 30 años no ha habido fiscalización de parte del Estado, es por eso que recién a estas alturas se vienen a comprobar todos estos delitos».

En esa línea agregó que «hay una sospecha fundada de que hay lucro y hay formas, como ésta de los grupos económicos que hay detrás, pero también la de sociedades espejo».

Por su parte, el diputado Mario Venegas (DC) indicó que «existen antecedentes suficientes como para hablar de prácticas generalizadas», calificando de «escandalosas y lapidarias las conclusiones, pues estamos en presencia de actividades que se instalan al margen de la ley para favorecer a los inversionistas y no a los estudiantes, lo que hemos visto, en algunos casos, es un festín del lucro».

Por la «naturaleza e impacto de las conclusiones», Venegas informó que «le pedimos al gobierno que detenga la tramitación de las iniciativas legislativas ingresadas, hasta en un período de unos 60 días, para que nos pongamos de acuerdo sobre los cambios que se deben hacer , porque lo que es evidente es que este sistema que tenemos tiene tantas falencias, desregulación, problemas administrativos, problemas de carácter financiero, incumplimiento de la ley, inequidad, desigualdad, endeudamiento enorme de los estudiantes y sus familias, que no admite más parches».

«La educación no puede ser un negocio»

Ante este escenario, el ex ministro Sergio Bitar indicó que «considero valioso el informe de la comisión para corregir las desviaciones de recursos hechas ilegalmente tal como lo revela la comisión especial de educación».

«La ley establece claramente que son instituciones sin fines de lucro, sin embargo el informe nos debe llevar a tomar las siguientes medidas: primero hay que modificar las normas legales para establecer las sanciones pertinentes a los que violan la ley en materia de transferencia de recursos a las inmobiliarias o venta de universidades con plusvalías. Segundo establecer con rapidez la aprobación del proyecto de ley de superintendencia de educación superior», explicó el ex jefe de cartera.

En diálogo con Cambio21 añadió que «debe reafirmarse que la educación no puede tener fines de lucro, y esta norma que rige para las universidades, que no se ha cumplido cabalmente, además a mi juicio debe extenderse a la educación superior subvencionada. La educación no puede ser un negocio que genere recursos para otras actividades.

Finalmente destacó que «desde el punto de vista legal cumple con ser sin fines de lucro y la inmobiliaria paga sus impuestos a las utilidades, pero ha habido un traspaso de recursos mayores que el costo de mercado del arriendo de la propiedad que usa la universidad».