Se desinfla candidatura de Sebastián Piñera acosado por las aristas penales. Desde la derecha ya buscan reemplazarlo

A las platas truchas de Penta, SQM y otras empresas y las coimas en LAN, ahora se agregan inversiones en pesqueras peruanas en pleno litigio con ese país. Ello y sociedades en paraísos fiscales, donde se evaden impuestos, lo tienen en manos del fiscal. Desde el Banco de Talca que Piñera no enfrentaba una situación tan delicada como esta, que además amenaza con bajarlo de la papeleta 2017.

La investigación que se lleva a cabo en las oficinas del cuarto piso de la Fiscalía Regional Oriente, en calle Los Militares, parece un caso muy sólido. Tanto, que por primera vez ha hecho dudar que la candidatura presidencial de Sebastián Piñera llegue a puerto, desechando el mito que se ha instalado y que asegura que es incombustible, ya que ha escapado de todas y cada una de las acusaciones que ha recibido por sus permanentes cuestionados negocios. Esta vez lo toca a él directamente y también a su familia.

La querella acogida a tramitación por el Tribunal de Garantía y la consecuente investigación que lleva adelante la Fiscalía a cargo del persecutor Manuel Guerra, apoyado por el jefe de la Unidad de Alta Complejidad a cargo del fiscal adjunto Carlos Gajardo, ha convertido al exmandatario en un ilustre «imputado» al que «se le atribuye responsabilidad en un hecho delictivo, sea como autor, cómplice o encubridor».

Se le viene la noche

En el piso 18 de Apoquindo 3300 se encendieron las alarmas cuando el abogado Juan Domingo Acosta, defensor de Bancard, comunicó vía telefónica que el Ministerio Público había solicitado «voluntariamente» a la empresa hacer entrega de los correos electrónicos enviados entre su gerente, Nicolás Noguera, y Sebastián Piñera Morel, miembro del directorio e hijo del ex jefe de Estado.

Era la primera diligencia que materializaba la investigación y ubicaba a Piñera en el mismo nivel de cualquier justiciable sometido a indagación judicial. No solo las alarmas sonaron fuerte en la sede del holding político-empresarial del ex mandatario, también se sintió su furia, dijeron fuentes bien informadas a Cambio21.

Los persecutores no solo pusieron atención en los mails; el fiscal Manuel Guerra también ofició a la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI para que requiriera a Bancard la entrega de las actas de directorio y documentación por la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar que realizó la sociedad de Piñera en medio del litigio en La Haya.

También tomó cartas en el asunto el Servicio de Impuestos Internos a requerimiento de los querellantes y de parlamentarios, que solicitan se les aclare si las inversiones en paraísos fiscales eran conocidas en nuestro país, si pagaron impuestos por sus operaciones en el exterior y, por último, si Bancard International Investment Inc., con sede en Islas Vírgenes Británicas, se había acogido al «perdonazo» para los dineros existentes en el extranjero que no fueron declarados en Chile. No es lo único. La UAF (Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda) se encuentra investigando un posible lavado de dineros en estas operaciones.

«Déjame que te cuente limeño»…

Tal como informara oportunamente Cambio21, las operaciones de Sebastián Piñera en Perú no solo se redujeron a Exalmar, la empresa que se viera favorecida con la sentencia de La Haya que concedió 22 mil kilómetros de mar patrimonial chileno a ese país. La empresa en la cual invirtió el exmandatario en pleno desarrollo del juicio posee el 5% de la cuota de pesca de la zona sur del mar peruano y que es justamente el que corresponde al fallo. La compañía es la sexta mayor del rubro en su país como productora de congelados para consumo humano, posee plantas en Tambo de Mora y Paita, entre otros puertos.

Este último es el mismo donde se encuentra otra de las inversiones desconocidas de Piñera en Perú y que realiza mediante Andino Investment Holding, sociedad mediante la cual tiene participación en las concesiones en dicho puerto. Es decir: tiene licencia para explotar una importante cuota de los productos del mar perdido por Chile, posee además barcos para realizar la recolección y puertos para procesar y distribuirlo.

Ese ha sido justamente el mayor problema que ha enfrentado la empresa en ese país, acusada de sobreexplotar los productos marinos en el doble de lo permitido, pero solo declarar una porción, ya que es juez y parte en el pesaje.

Piñera posee además participación en otra sociedad, Austral Group, compañía donde también existen capitales noruegos y cuyo giro es la pesca y comercialización de conservas, harina y aceite de pescado. No solo explota recursos en Perú, sino que en otros países. De ella tampoco dio cuenta el ex presidente y también los capitales invertidos por él allí provienen de utilidades que se esconden en paraísos fiscales, sede de Bancard International Investment Inc.

Esa sociedad logró ventas por 195,2 millones de dólares, quince por ciento más de las realizadas por Exalmar en ese mismo periodo del pasado año. Querellantes estiman necesario ampliar la acción judicial actual a estos nuevos antecedentes.

Su relación con las 7 familias

Como si ya fuera poco el flanco que se abriera en contra de Piñera por sus ocultas inversiones en paraísos fiscales y su eventual no tributación en Chile -sumado al eventual uso de información privilegiada que habría orientado sus inversiones en Perú y que lo tienen en calidad de imputado-, el gerente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros del Bío Bío (Pymepes), Alfredo Irarrázaval, denunció que el exmandatario ingresó a la propiedad de la pesquera Exalmar no solo siendo Presidente, sino que al mismo instante en que se daba inicio a la tramitación de la impugnada Ley de Pesca: «Gracias a esa legislación, Blumar -parte de las 7 familias- fue beneficiada con el 20,28% de la cuota de jurel en Chile por 20 años», explicó.

«Naturalmente que genera mucho ruido que uno de los directores de Exalmar sea precisamente Rodrigo Sarquis Said, quien en Chile es vicepresidente de Blumar Seafoods y antes fue presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, y de la Sociedad Nacional de Pesca, Sonapesca (…) Que Piñera sea socio de una de las 7 familias es otra mala señal», acusó el dirigente.

Blumar es la empresa sucesora de El Golfo, vinculada a pagos ilegales a Pablo Longueira a través de personas de confianza de su asesora, Carmen Luz Valdivieso, mediante boletas ideológicamente falsas.

Irarrázaval fue aún más allá, afirmando que «esto demuestra que los dueños de la industria pesquera en Chile no tienen bandera y que invertir en el extranjero revela inconsecuencia en su postura y discurso».

Sarquis Said es miembro del directorio de Exalmar y uno de los hombres fuertes de Blumar, de propiedad de la familia Sarquis y del grupo Yaconi-Santa Cruz, siendo la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte de los recursos pesqueros en Chile.

Además es el socio de Piñera en Perú. De allí el cuestionamiento de los eventuales intereses que podría tener el expresidente y por lo cual el dirigente Pymepes lo vincula a las «siente familias» y a la Ley Longueira.

Su futuro judicial

La investigación actualmente en manos de los fiscales Guerra y Gajardo por la arista Perú recién está comenzando a armarse. Los primeros pasos se han dirigido a establecer si Sebastián Piñera «mientras se desempeñaba como Presidente de la República y en medio del juicio internacional que enfrentó a Chile y Perú ante la Corte Internacional de Justicia, premunido de su calidad de jefe de las relaciones diplomáticas del Estado de  Chile, en ejercicio de sus funciones, accedió a información estratégica relativa al litigio marítimo» que pudiera beneficiarlo comercialmente, establece la querella por uso doloso de información privilegiada y negociación incompatible.

Las penas que arriesga el ex mandatario por este caso no son altas, pues los artículos 240 y 247 del Código Penal y 60 letra e) de la Ley 18.045 lo sancionan con reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, esto es, de 61 a 540 días de presidio, el que naturalmente cumpliría en libertad y eventualmente -más allá de las consecuencias políticas, donde ya comienza a bajar en las encuestas-, no lo inhibiría para ocupar un cargo de representación popular

Según Piñera, hoy es víctima de una campaña en su contra: «definitivamente hay una guerra sucia, yo no soy ingenuo. Incluso tenemos algunos indicios de dónde viene (…) Esto no es casualidad, es una cosa que está muy bien pensada y que busca producir daño a una persona que aparece en una posición muy expectante en los estudios de opinión pública», aseguró. «No sólo es miserable, (sino que) es delirante, no tienen ningún asidero, no tiene ningún fundamento», reiteró.

Sin embargo no es la única causa penal abierta en Chile y que lo vincula a él o sus asesores directos. Al caso «coimas», se suman las referidas a los casos de financiamiento ilegal de la política en sus aristas Forwards, Penta, Soquimich, triangulación de CHV y otra decena de empresas. Su mano derecha en sus negocios en Chile y su jefe de campaña, Santiago Valdés, ya se encuentra formalizado, lo mismo que varios de sus exministros y subsecretarios, por distintos casos de corrupción, cohecho y delitos tributarios, entre otros ilícitos.

Se encuentran pendientes eventuales citaciones en temas Penta, SQM, CHV, el mismo caso LAN y desde luego el nuevo tema sobre sus cuestionadas inversiones en Perú e Islas Vírgenes Británicas. Piñera está, como le gusta decir, «entregado en cuerpo y alma», pero a tribunales.

También en Argentina

A la reciente imputación en Chile se suma la que ya arrastra en Argentina como consecuencia a las investigaciones que se siguen en ese país -y también en Estados Unidos y Chile- por la eventual coima pagada a funcionarios públicos trasandinos para obtener en beneficio de LAN -en ese entonces de propiedad de Piñera y de la cual era director- un permiso de cabotaje en ese país, el que le era vedado a empresas internacionales sin participación de capitales y socios trasandinos.

La causa que investiga el fiscal Ramiro González también tiene imputado a Ricardo Jaime -actualmente privado de libertad-, secretario de Transporte durante el gobierno de Néstor Kirchner; a Julio De Vido, ministro de Planificación de la misma época y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria; a Ignacio Cueto, quien fuera el presidente de la línea aérea chilena en aquel entonces, y al testaferro de Jaime, Manuel Vázquez. Como se recordará, Latam (ex Lan) admitió ante la autoridad bursátil de EE.UU. el pago de la coima y debió pagar una multa de más de 22 millones de dólares por esos hechos.

Piñera ya declaró -como testigo- en la arista chilena de la investigación, sin embargo con los nuevos testimonios y documentos obtenidos recientemente por el fiscal Andrés Montes  tras su viaje a Argentina, donde interrogó a algunos de los otros imputados, y los antecedentes que requirió de la justicia tanto trasandina como norteamericana, no se descarta que sea nuevamente citado a la presencia judicial y eventualmente formalizado en esta causa.

Entre el fuego amigo y el desencanto

Una reciente encuesta Cadem demuestra los primeros efectos para Piñera del negocio con Perú y el dinero en paraísos fiscales: cayó 6 puntos en su apoyo. En la Adimark si bien subió, esa alza es un frenazo que ni siquiera contempla el efecto de la inversión en Perú y paraísos fiscales. El propio deirector de la empresa evaluadora aseguró que el flanco a Piñera recién se conocerá en la próxima medición.

También desde su propio sector han comenzado a aflorar las críticas y desmarques. Desde el llamado del senador Andrés Allamand (RN) pidiéndole que aclare estas cuestionadas transacciones y transparente los dineros que tiene en el exterior, precisando que de haber delito debe ser investigado, hasta el presidente de Evópoli, Jorge Saint-Jean, quien derechamente llamó a buscar otras opciones, pues «Chile exige hoy otras cosas».

El columnista Andrés Benítez, analizando el impacto en el ex mandatario, acotó que «si bien es un argumento burdo que confundió sus roles como presidente, parece evidente que el que una parte mayoritaria de su fortuna esté administrada por sus hijos y amigos no es suficiente prueba de la blancura. Y riesgosa, porque siempre se pueden equivocar, como sucedió esta vez. Piñera, que es un hombre audaz en materia de inversiones, debe actuar en consecuencia».

Aducen «costo familiar»

A su vez la senadora Lily Pérez (Amplitud) reconoció que aunque se identifica con el ex jefe de Estado, eso no significa que impulse una postulación suya al interior de su partido. «A mí me gustaría que nosotros tuviéramos una candidatura distinta, de ideas más liberales, de más de centro político. Tenemos que ofrecerle a Chile una opción distinta», dijo.

Su partido descartó apoyar en primera vuelta a Sebastián Piñera y aspira a llevar una opción propia junto a Ciudadanos y Red liberal. «Todos conocemos que es un hombre de negocios que entró a la política (…) Para nadie es un misterio que él siempre ha estado vinculado a los negocios (…) Este es un flanco para él, un flanco fuerte», ha expresado la senadora.

Uno de sus más leales escuderos, el exministro de Salud Jaime Mañalich, ha afirmado que para Piñera «está empezando a haber un costo familiar que puede repercutir en una potencial deserción de él en marzo o antes. Él ha sido absolutamente transparente de que aquí no hay nada oculto».

La cuestión ahora no es si prosperará la querella, pues ya está en plena ejecución, sino cuándo Sebastián Piñera será citado a declarar como imputado.

FUENTE: Cambio21