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Anyelina Rojas V.- De militancia comunista desde su juventud –aunque pasó algunos años por el radicalismo- el abogado Claudio Vila Bustillos, hoy está en... Claudio Vila, abogado comprometido con causas reivindicativas dice que lo tienen “sin cuidado”, críticas por defensa a bolivianos apresados en la frontera

Anyelina Rojas V.- De militancia comunista desde su juventud –aunque pasó algunos años por el radicalismo- el abogado Claudio Vila Bustillos, hoy está en la palestra noticiosa tras haber asumido la defensa de los 9 funcionarios públicos bolivianos, apresados en la frontera y que hoy permanecen, como medida cautelar, recluidos en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio. Por esta situación y considerando su condición de ex funcionario público en diversas reparticiones y de ex Gobernador de Tamarugal, jurisdicción donde ocurrieron los hechos, algunos lo tilden de “antipatriota”, acusaciones que no hacen mella al abogado Claudio Vila, en sus convicciones ni en su adhesión al tema de los derechos humanos, al que está vinculado desde su época de estudiante secundario. Su padre Carlos Vila, -abogado como él y actualmente Notario- además, dedicó durante los años de la dictadura, buena parte de su desempeño profesional a defender los derechos humanos.

Cuando Claudio Vila Bustillos asume como Gobernador del Tamarugal, profundiza en muchas temáticas, un tanto periféricas en la agenda pública, vinculadas, por ejemplo, a las comunidades indígenas y la revalorización de sus derechos. Se caracterizó por una gestión de mucho terreno y empatía con el acontecer del Tamarugal. Todo ello le permitió ampliar su mirada.  Su gestión no pasó inadvertida, al punto que cuando explotó el caso “whatSapp”,  entre las conversaciones de sus integrantes, se pedía sacar a Vila de la Gobernación.  Pasó el tiempo pero finalmente al abogado se le pidió dejar el cargo. Estuvo como gobernador desde marzo del 2014 hasta noviembre del 2016.

Contrario a “guardar duelo”, el ex gobernador apareció a los pocos días, en marcha con las comunidades indígenas, acompañándolas en sus demandas. Y de ahí no ha parado. Hoy, el caso de mayor connotación pública, es la defensa que a asumió de los funcionarios bolivianos, que, como se dijo, lo convirtió en el blanco de las críticas de ciertos sectores.

EL PROCESO

Tras asumir desde el inicio la  defensa en torno al proceso en contra de los funcionarios bolivianos, -2 militares y 7 aduaneros-, continúa trabajando en la recopilación de todos los antecedentes que le permitan ratificar “que cuando fueron detenidos, se encontraban realizando tareas de control, fiscalización y lucha contra el contrabando en la frontera chileno-boliviana”, explica Vila.

-Entonces, ¿de qué se trata?

-También trabajamos  para acreditar su condición de funcionarios públicos. Hemos trabajado con las autoridades bolivianas, la Cancillería, la Procuraduría, el Servicio de Aduanas, el Ejército boliviano, y el Ministerio de Justicia de ese país, para poder aportar a la carpeta investigativa, los antecedentes que permitan,  llegado el momento, que esperamos sea pronto, tengamos una instancia a nivel del Juzgado de Garantía, donde se discuta a fondo el asunto; donde se discuta la efectividad de la acusación. Claro está que sostenemos que no hubo delito de robo, ni contrabando. ni de porte ilegal de armas.

-Sin embargo los acusados fueron sorprendidos en la frontera…

-Estimamos que lo que ocurrió fue un error de prohibición, es decir que los funcionarios,  al desarrollar una actividad en la que los amparaba la ley, pudieron cometer un error de ubicación geográfica territorial y en desconocimiento del lugar donde estaban, haber continuada desarrollando la labor de fiscalización. Fuera de eso hay otros elementos del tipo penal, que son más finos. Ponemos el acento en que se les está acusando de robos de especies, especies que en primer lugar, no se sabe quién o quiénes son los dueños. Además, corresponde a especies que son productos de otros delitos, que provienen de contrabando;  lo que  está acreditado por Carabineros y los mismos denunciantes. Estos últimos que declaran ante la  Fiscalía y Carabineros, y dicen que esa carga estaba destinada para ingresar en forma clandestina a través de pasos no habilitados a Bolivia, como contrabando. Además señalan que esa es su actividad habitual. O sea, no hay duda que se trata de carga de contrabando.

-En algunos sectores lo acusan de traidor o antipatriota por defender a los funcionarios bolivianos. Y que eso se agrava por su condición de ex gobernador.

En primer lugar, toda persona tiene derecho a tener una defensa apropiada. Obviamente cuando uno toma un caso, conoce ciertos antecedentes que le dan el suficiente peso para tomarlo o no. En este caso tuvimos conocimiento de la situación, se nos informó por el Gobierno de Bolivia, sobre cuál era la situación. Hay algo de peso acá, que se debe considerar,  es el Gobierno de Bolivia el que está sosteniendo la defensa de los 9 funcionarios públicos, entonces, un gobierno no se va a prestar para amparar delitos y así nos lo han dicho. Insisto, el gobierno de Bolivia sostiene que no van a amparar un hecho delictual. De modo que si están hoy empoderados y absolutamente comprometidos con la causa, es porque tienen todos los antecedentes de que estos 9 funcionarios estaban haciendo su trabajo.

-Pero ni el Estado ni la Justicia chilena tienen ese convencimiento

-Considerando esos antecedentes señalados anteriormente y considerando que existen Acuerdos y Tratados Internacionales entre Chile y Bolivia, de colaboración en la lucha contra el contrabando; tomando en consideración que también hay otros casos que involucran a ambos países; considerando que desde el lado boliviano, entonces, se han resuelto casos de similares característica, como en el año 2016, cuando personal de Carabineros de Chile ingresó al territorio boliviano, luego de ser aprendidos por funcionarios  de ese país a las 2 o 3 horas, estos policías estaban de vuelta en Chile, porque se aplicó el principio de la reciprocidad, que es un principio que en diplomacia se aplica. Y en este caso no ocurrió.

-¿Qué es lo que sucede, entonces, con la postura chilena por un lado, y, le insisto, con su situación de ex gobernador?

-Aquí hubo una decisión política de Chile, desde el más alto nivel de resolver o de judicializar este tema, siendo que estaba la posibilidad de otra salida, la diplomática, pero no fue así. El  Gobierno de Chile, particularmente el Ministerio del Interior, tuvo la oportunidad de resolver esto, no por la vía judicial, sino que devolviendo a los 9 funcionarios bolivianos a su país.

En cuanto a que yo haya sido gobernador, me tiene sin cuidado. Ser parte de un gobierno, como militante de un partido de la coalición que lo sostiene, no significa que no se pueda ser crítico de él; he sido critico de ciertos aspectos de este gobierno, lo fui mientras era gobernador y lo sigo siendo hoy. Y ahora soy crítico de la forma que se utilizó y manejó este asunto por parte del Ministerio del Interior, y luego por parte de todo el gobierno y no por eso soy contrario al Gobierno de la Nueva Mayoría, pero las sostengo. Respecto de este tema en concreto, sobre la forma cómo se lleva a cabo, por parte de Chile, la política fronteriza, me parece que no es la adecuada.

-Hoy está concentrado en variadas causas no tradicionales y vinculadas a las comunidades indígenas. ¿Qué le inspira seguir en esa línea?

-Efectivamente hoy estoy en el ejercicio privado de la profesión como abogado. Mantengo bastantes vínculos con comunidades indígenas, vínculos que se desarrollaron durante el tiempo que fui gobernador. Junto a un equipo, estamos desarrollando un  trabajo de asesoría y apoyo a las comunidades indígenas, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino que también desde lo social y lo político. Por ejemplo, en lo que se está dando  con el acuífero subterráneo de la Pampa del Tamarugal. La Dirección General de Aguas en cierto modo lo está privatizando y allí hay una afectación importante no sólo para las  comunidades indígenas de la Pampa del Tamarugal, sino que para toda la comunidad.

-En concreto, ¿qué pasa con las aguas de este acuífero?

-Lo que ocurre es que en definitiva se le entregan las aguas, a Aguas del Altiplano, que es la empresa concesionaria que administra las sanitarias en  nuestra región. Más grave aún es queen la práctica se le entrega la administración total y absoluta de ese acuífero. Aguas del Altiplano está administrando por comodato el 58 por ciento de los derechos de agua constituidos en ese acuífero, lo que le da poderes totales  y plenos en desmedro de los agricultores y de la ciudadanía en general. ¡No sabemos qué pueda llegar a hacer esta empresa con esa administración plena y total! Entonces estamos trabajando allí,junto a un equipo político y técnico apoyando esta causa.

-¿Hay otros temas en que se vean afectadas  las comunidades indígenas?

-Otros temas, sí, por ejemplo, el conflicto en el Salar del Huasco, con una consulta indígena que Bienes Nacionales está desarrollando no de muy buena forma. También estamos a la expectativa que la Minera Paguanta nuevamente reabra el proyecto en la Quebrada de Tarapacá… en fin… Hay una serie  de conflictos que afectan a las comunidades indígenas y en esa línea estamos trabajando fuertemente.

-¿Cómo define esta línea de trabajo, donde se capturan temas, por llamarlos de algún modo, emergentes y de interés específico?

– Puedo decir que sigo vinculado a la defensa de los derechos humanos, porque esto es una lucha que va en ese sentido, en una línea que quizás en la Región no se ha desarrollado con tanta fuerza, pero los derechos indígenas están reconocidos como DDHH a nivel internacional; también el derecho al agua; así la defensa del agua, también es la defensa de un derecho humano, incluso reconocido por las Naciones Unidas. Por eso creo que es un tema que debemos trabajar en la región en términos políticos y sociales, y con un gran compromiso con las comunidades indígenas.

  • Hipólito Castillo Rojas

    18 Mayo, 2017 #1 Author

    Los que lo han tratado de traidor son uno ignorantes porque fuera de lo comentado en esta declaración se está tratando de que el Comercio y la zofri no muera porque si el gobierno Boliviano se le ocurre prohibir realizar comercio en nuestra Región el 45% de Iquiqueños quedan cesantes también muere el turismo etc. Hay que pensar y mirar al futuro.

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