Julio Cámara Cortez/ Consejero Regional CNCA-Tarapacá
En un año en que la ciudadanía decidirá, vía comicios, importantes definiciones sobre la marcha futura del país, suele reaparecer siempre como promesa electoral para captar la adhesión cada vez más esquiva de los electores, la añosa demanda de las regiones por mayores facultades para gobernar sus territorios.
Chile, bien lo sabemos los que vivimos en regiones, es un país con un excesivo “centralismo”, un lastre que ha estado presente en toda su historia como nación, en materia política, económica, social y cultural. Desde los 90 en adelante, la demanda por avanzar en un proceso de descentralización ha sido recurrente como promesa electoral en los diversos programas de gobierno de los candidatos a instalarse en La Moneda.
Y no solo de los aspirantes a conducir el país, sino también de quienes han competido por ganar un sillón en el parlamento, como senador o diputado, la mayoría de ellos en representación, justamente, de las regiones del país. Lo anterior, no deja de ser una situación un tanto paradojal, puesto que es en el congreso el lugar donde se debiera legislar para dotar de mayores atribuciones o espacios de mayor autonomía a las regiones, a través de sus respectivos gobiernos locales.
Demás está decir que tanta propuesta y afán descentralizador, en la práctica no se ha traducido en avances significativos, y las regiones siguen “cautivas” del poder central en áreas sustanciales de su gestión, en especial, en lo referido a disponer de recursos adecuados para atender a sus múltiples necesidades en sensibles demandas ciudadanas.
De allí las expectativas generadas con el proyecto de ley que establece la figura de “Gobernador Regional”, electos por la ciudadanía y en sustitución de los actuales intendentes cuya designación hasta la fecha es una facultad presidencial. Pero, a su vez, la figura del intendente, entendida como el representante regional directo del primer mandatario, no desaparece del todo, ya que el propio proyecto lo mantiene a través de la denominación de “Delegado Presidencial Regional”, y para el caso de los actuales gobernadores se asigna el nombre de “Delegado Presidencial Provincial”.
El proceso de discusión para la aprobación de dicha iniciativa ha sido, como se anticipaba, arduo y trabajoso por parte de nuestros honorables, y si bien hubo reparos y objeciones diversas para su implementación, relativas, entre otras, a la transferencia de facultades y/o competencias, e incrementar la cuantía en la asignación de recursos a los nuevos gobiernos regionales, la tramitación se encontraría en su fase final.
Pero, para quienes abrigaban la idea que este año, coincidiendo con los comicios de noviembre, estuviera ya vigente la ley que permitiera la elección de los flamantes gobernadores regionales, al parecer su concreción, por los tiempos legislativos, haría impracticable su aplicación este 2017, sumado al hecho, no casual obviamente, que la mayoría de los senadores que reconocen filas en la oposición al gobierno están derechamente por postergar dicha aplicación.
Se podrá aducir que esta iniciativa pudo haberse concretado mucho antes, como una señal potente de la voluntad de avanzar en un real proceso descentralizador en la institucionalidad del país, o que el proyecto aún mantiene insuficiencias o falencias en tal dirección y que no resuelve problemas que aquejan a las regiones, pero, así y todo, me parece un paso relevante que debemos valorar. Como ocurre en procesos de cierta relevancia política y social, habrá que hacer “camino al andar”.