Boris Yopo H/ Sociólogo y Analista Internacional.
A propósito de la situación existente en la Araucanía, y en un contexto de campaña electoral presidencial, se han intensificado en el último tiempo las declaraciones sobre supuestos actos “terroristas” en esta región. La comunidad internacional no lo ve así. La “ley anti-terrorista” ha sido por ejemplo, severamente cuestionada por diversas entidades internacionales, entre ellas, el relator especial para los derechos humanos y pueblos indígenas de la ONU, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2014 condenó al Estado de Chile, y ordenó revocar varias sentencias contra comuneros mapuches, basadas en esta ley.
Así, diversas organizaciones han señalado reiteradamente que no hay, de acuerdo a estándares internacionales, una actividad en nuestro país que justifique apelar a este concepto; y que su uso puede constituir una discriminación contra poblaciones originarias.
Ahora, por cierto que el “terrorismo” existe en el mundo, y los países deben tener resguardos y una legislación adecuada para protegerse, pero en principio su aplicación debiese restringirse a casos extremos que reúnan las características ya consensuadas en esta materia, y aun así, deben siempre tomarse los resguardos para evitar los excesos que siempre suceden bajo las llamadas “políticas anti-terroristas”.
A este respecto, es importante señalar que a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, se constituyó en el 2007 un panel con los principales expertos internacionales en la materia, que elaboró una definición de terrorismo, que fue incorporada ese año a la agenda del organismo mundial. Esta definición reforzó una visión ya existente entre muchos especialistas, respecto a la necesidad de “acotar” el uso que se hace de este término, que no constituye cualquier forma de violencia, y donde el elemento central de la definición es la “acción sistemática y/o deliberada” para atentar de manera “física contra civiles desarmados”.
El terrorismo es algo demasiado grave como para estar usándolo de manera partidista o ideologizada. Durante la Guerra Fría por ejemplo, ambos bandos se acusaban de cometer actos terroristas, y el régimen del apartheid en Sudáfrica acusaba a Mandela de ser un “terrorista”. El trabajo de los expertos de la ONU buscó precisamente superar esta visión “maniquea” e ideológica, donde siempre es el otro el “terrorista”. Terrorismo hay ahora en Europa y Medio Oriente con atentados masivos que buscan de manera intencionada hacer el máximo daño a la población civil.
Pero no es el caso de la Araucanía, y así lo han hecho saber diversos informes internacionales del último tiempo.En ninguna parte de este informe, y tampoco en otras definiciones usadas por expertos reconocidos, se incluye en la definición de acto terrorista, los atentados a las fuerzas militares o de seguridad, la destrucción de la propiedad, o los actos incendiarios. Por cierto que en democracia estos constituyen actos ilícitos que los Estados penalizan (y en nuestro país hay leyes para ello) pero en la literatura y en las principales resoluciones internacionales sobre la materia, no son tipificados como terrorismo, y no deberían serlo tampoco en nuestro país, que aspira a ser parte del mundo democrático desarrollado.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su último reporte por ejemplo, descarta que los crímenes o delitos cometidos en la Araucanía tengan el carácter de terrorista, y habla de un “conflicto y acciones de violencia sobre la tierra y los derechos indígenas en Chile”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha vuelto asimismo a cuestionar la aplicación de una legislación “anti-terrorista” a mapuches, por actos que “aunque violentos o criminales” no ostentan el carácter de “terroristas”. Corresponderá finalmente a los tribunales determinar el carácter e intencionalidad de los hechos acontecidos el último tiempo en esta región (así como también los abusos de que han sido objeto dirigentes y comunidades mapuches, que casi no reciben cobertura en la TV y prensa escrita) . Pero el problema de fondo en la Araucanía es político y no de seguridad.
La violencia que ahí se vive, es una consecuencia (y no la causa) de la incapacidad del Estado y los sectores más conservadores para abordar de manera integral, el histórico despojo y reivindicaciones básicas que hacen representantes del pueblo mapuche. Países que admiramos y citamos frecuentemente, como Australia, Canadá, o Nueva Zelanda, cuentan con legislaciones y derechos para sus pueblos indígenas que están muy lejos de lo que hoy tenemos nosotros, y en ninguno de estos países se vive la convulsión que ahora vemos en la Araucanía. ¿Cuánto más tomará constatar que el problema de fondo no se solucionará aplicando leyes represivas y discriminatorias, sino abordando en su integralidad la relación del Estado chileno y sus etnias originarias, como ya lo han hecho estos países?
FUENTE: El Mostrador