Cambio21 / Por María Cristina Prudant.- Cuando en el país aún son miles las personas que viven en forma precaria porque habitan en campamentos o simplemente son allegados, hay quienes se dan el lujo de apropiarse de una casa o departamento a través del manejo antojadizo de la Ficha de Protección Social para obtener subsidios que les pertenecen a personas de escasos recursos. Los involucrados han sido alcaldes de la UDI y de la oposición entre ellos del PPD.

Arline Fernández del campamento Ex Vertedero de Alto Hospicio y su familia esperan hace más de 10 años poder alcanzar el sueño de la casa propia. Mientras pasa el tiempo sortean como pueden los problemas de vivir en la más absoluta precariedad. A diario luchan con la tierra, el barro, los malos olores, bichos de todo tipo, enfermedades. El viento y el frío se cuelan por las rendijas de esa mal llamada vivienda que habitan, que fue construida con materiales ligeros como cartón, plástico, latas, madera y otros. Resulta casi insólito que los alumnos de la Universidad Finis Terrae ( pertenece a los Legionarios de Cristo) hayan creado un smartphones para que los pobladores de campamentos puedan transar mercaderías, o sea, volver al antiguo trueque. Nada más lejos de la realidad, pero algo similar a la mentalidad de los alcaldes que han usufructuado de derechos que tienen los más pobres del país.

A ello se suma la facilidad con que se puede alterar documentos institucionales como la Ficha de Protección Social, instrumento que registra la calificación de los chilenos más vulnerables que pueden optar a algún subsidio del Estado.

El alcalde de Alto Hospicio, está involucrado en estas malas prácticas de manipular la información de las Fichas de Protección Social de la municipalidad que dirige para beneficiarse con un subsidio. Cabe señalar que Alto Hospicio es una de las comunas más pobres de Chile, que cuenta con un gran número de campamentos.

La denuncia en este caso afecta a la traductora y profesora de inglés Eliett Galleguillos, hija del alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos (UDI), que obtuvo una vivienda a través del subsidio. Obviamente, no vive en la casa sino que la arrienda lo que también está fuera de la ley porque el beneficiario debe vivir 15 años en la propiedad antes de poder entregarla a terceros.

Alcalde Alto Hospicio: Predica pero no practica

Galleguillos en una de las campañas para ser reelecto alcalde (2008) resaltó que los pobladores de los campamentos tenían derecho a “una solución habitacional digna para que no sigan viviendo en la suciedad, en medio de pulgas, garrapatas, roedores y sin servicios dignos”.

Respecto al caso de su hija, con profesión universitaria de traductora, asegura que lo merecía, porque cuando recibió el beneficio hacía clases como estudiante. Es decir, el edil defiende su derecho a obtener los subsidios.

Pero Galleguillos no es la única beneficiada en esta localidad. También lo son, al menos, cuatro funcionarios de la misma municipalidad que son profesionales. Uno de ellos corresponde a la periodista del municipio, Alejandra Lobo, quien argumentó que no recibía dinero por los ocupantes de su “casa social” ya que eran familiares, pese a que se denunció públicamente que la casa estaba arrendada.

Otros beneficiados son un ex camarógrafo del municipio, Eduardo López; una funcionaria de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) Vanessa Menéndez y, el encargado de la elaboración de las Fichas de Protección Social, Carlos Alvarez.

En los últimos días se supo de dos casos más en Alto Hospicio: Edith Chambe Quispe. Es Ingeniera en Control de Gestión, trabaja en la Universidad Arturo Prat (UNAP) en el cargo de Jefatura de Tesorería -desde 2009-, obtiene una renta mensual de $1.345.688, es soltera sin hijos y aparte del subsidio habitacional “vulnerable” en la comuna de Alto Hospicio ( 2011), tiene otra casa en Iquique; Camila Arce Fajardo Directora de Desarrollo Comunitario -DIDECO- de la Municipalidad de Alto Hospicio, se adjudicó subsidio habitacional a pesar que su cónyuge, José Tamaño, también es funcionario municipal (contador de Servicios Traspasados).

Buscan aumentar su patrimonio

El diputado por la Región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC) precisó ante estos hechos a Cambio21 que “en una sociedad neoliberal donde hoy todos buscan enriquecerse y obtener ganancias, sin importar si las obtiene de manera lícita o no, esta es una nueva modalidad que han encontrado, fundamentalmente gente de derecha para obtener algún tipo de aumento de su patrimonio”.

En su opinión “lo que se ha dado en Alto Hospicio con mucha claridad es que al favorecer a una serie de personas vinculadas al municipio y al alcalde, el objetivo es favorecer con una casa, que está destinada a gente más vulnerable, para que posteriormente esta gente la pueda arrendar y obtener así una ganancia. Todo esto por la módica suma de 200 mil pesos, que es la cantidad que se aporta para obtener el subsidio de 7 millones y medio para comprarse una propiedad de 9 millones que después, ellos la arriendan en alrededor de 100 mil pesos y así, en el curso de 20 meses obtienen de vuelta lo que invirtieron y posteriormente, todo lo demás es ganancia”.

El fraude salpica a muchos

Todo partió con la denuncia de Cambio21 sobre la alcaldesa de Molina, la UDI Mirtha Segura quien pese a que su sueldo supera los $3.500.000 se adjudicó un subsidio. A ella se suman otros cinco funcionarios, como su jefe de gabinete, Hugo Guajardo. Frente a estas irregularidades, Cambio21 conversó con la alcaldesa en su oportunidad y aseguró que “al beneficio del subsidio se postula con 10 Unidades de Fomento, y yo lo hice con 50, es decir puse un millón de pesos en una cuenta”.

Por ahora, la alcaldesa devolvió el subsidio y su candidatura a la reelección en el cargo está a la espera de lo que diga su partido, la UDI.

La alcaldesa de Pencahue, la RN Lucy Lara, según denunciaron otros candidatos a alcaldes, habría entregado una pensión asistencial a su marido Ernesto Armanet, con un puntaje en la ficha de protección social que no correspondería a la realidad.

El listado de adulteraciones de fichas es bastante extenso. Uno de los más recientes que se conoció es el del Gobernador de la Provincia de Colchagua, Eduardo Cornejo Lagos, (UDI), quien le otorgó un subsidio habitacional a su propia esposa.

Esto provocó algunas reacciones y Cornejo se vio obligado a dejar el cargo aunque en un comunicado oficial, explicó que su salida se debió a razones “estrictamente personales” y a la necesidad de emprender nuevos desafíos, pero además señaló que las presiones ejercidas por un parlamentario habrían motivado esta decisión.

A todos estos escándalos se suma el de Gonzalo Tejos Pérez, (UDI) alcalde de la Municipalidad de Empedrado, comuna de la Región del Maule, y su esposa María Cristina Aguilera Cáceres, directora de un colegio municipal de la misma comuna donde gana $1.400.000.

A raíz del terremoto de 2010 la casa de este matrimonio sufrió daños en una puerta exterior. Después de la catástrofe, el hecho quedó consignado como “reparación” y lo más sorprendente es que esta casa fue remodelada en su interior y por personal municipal, que pertenece al Departamento de Educación del municipio.

Ante esa irregularidad, se llevaron los antecedentes a la Fiscalía de Constitución para que se iniciara una investigación. Además, se hizo parte en la querella el Consejo Defensa del Estado. El personal que trabajó en dicha casa, prestó declaraciones ante la PDI de Talca, la Contraloría Regional y la Fiscalía de Constitución.

Pero eso no es todo. La concejala Fernanda Arellano Tejos (RN), también es otra de las beneficiarias y es sobrina del alcalde Tejos.

También la oposición

El alcalde de Puerto Saavedra, Ricardo Tripainao (PPD), también cayó en la tentación de obtener beneficios del Estado, por lo que el 30 de julio en el Juzgado de Garantía de Carahue será formalizado ya que en su primer periodo como jefe comunal en 2008 habría entregado antecedentes falsos para regularizar una propiedad que no estaba adecuadamente inscrita. Esto, a través de un programa de subsidios del Estado.

Según el fiscal a cargo del caso, Cristian Crisosto, el alcalde habría recibido 350 mil pesos de subsidio al señalar que era una persona de escasos recursos, cuando en realidad ganaba más de un millón de pesos. Por ello, detalló que el alcalde será formalizado por fraude al Fisco. Si Ricardo Tripainao es formalizado por los delitos de los que se le acusa, el PPD, lo expulsará de sus filas, según se anunció hace unos días.

La Cisterna

En la municipalidad de La Cisterna donde el jefe comunal es Santiago Rebolledo (PPD), 14 funcionarios distorsionaron los antecedentes de sus propias fichas de Protección Social con la finalidad de lograr el puntaje necesario para adjudicarse el subsidio y así obtener una vivienda social.

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, concluye que cinco de los empleados “no debieron obtener el subsidio para la vivienda”. Además, el informe señala que “los servicios públicos involucrados en la situación denunciada, esto es, la Municipalidad de La Cisterna, el ministerio de Desarrollo Social y el ministerio de la Vivienda y Urbanismo, han adoptado las medidas pertinentes ante las irregularidades detectadas”.

Se agrega que el municipio “deberá incluir en el sumario que actualmente instruye el resultado de la presente investigación especial, así como verificar los demás casos en que funcionarios de su dependencia han obtenido beneficios estatales”.
Todos los antecedentes serán entregados al Ministerio Público, donde se realiza una investigación penal producto de la denuncia realizada por la propia municipalidad.

A ello se suma la facilidad con que se puede alterar documentos institucionales como la Ficha de Protección Social, instrumento que registra la calificación de los chilenos más vulnerables que pueden optar a algún subsidio del Estado.

El ministro Lavín no escucha

Frente a estos casos Cambio21 conversó con el diputado Roberto León (DC), quien señaló que “todo estos escándalos que están saltando en distintos municipios del país demuestran que junto al senador Zaldivar teníamos razón cuando queríamos que el ministro Lavín nos recibiera y que tomara una decisión no solo de modificar la ficha sino que de hacer una auditoría aleatoria en todas las comunas de Chile”.

“El objeto de esta auditoría es lograr evitar que ocurran nuevos casos y se cometa este tipo de fraude. Lamentablemente, el ministro no nos ha querido escuchar. Todo esto estalló en Molina y es una cosa bastante más masiva de lo que parece. Es algo que no solo hay que modificar sino que ver cuál es el sistema que ocuparon, por dónde están las perforaciones al sistema y eso se logra haciendo una autoría nacional. Pero el ministro Lavín no quiere hacerlo, creo que el ministro le debe una explicación al país y decir por qué no a una auditoria respecto de todos los municipios. ¿A quién quiere proteger?”, señaló el parlamentario.

En conversación con Cambio21 el senador Andrés Zaldívar (DC) manifestó que “aquí el ministerio de Desarrollo Social y Joaquín Lavín ante esta reiteración de casos de aprovechamiento por parte de autoridades de su alianza política, debiera hacer una investigación más profunda y presentar una denuncia tras cada caso”.

El parlamentario sostuvo que “si no fuera por la denuncia hecha por ustedes (Cambio21) contra la alcaldesa de Molina y la adjudicación de un subsidio, aún seguirían todos estos casos escondidos”.

Ante esta situación, el diputado Roberto León y el senador Andrés Zaldívar emplazaron al ministro de Planificación, Joaquín Lavín, a que denuncie estos casos ante la justicia, tal como lo hiciera hace algunos meses con las municipalidades de Negrete y Chiguayante, pertenecientes a la oposición, y donde incluso fue hasta el lugar para interponer la demanda. Además de disponer de un equipo de fiscalizadores para realizar una investigación en ambos municipios”.

Más casos en el Norte

Con el correr de los días el caso de los subsidios ilegales se ha convertido en una caja de pandora. Según pudo averiguar Cambio21 en Alto Hospicio e Iquique, en esta última no había denuncias, son muchos más los casos de personas que obtuvieron el subsidio y no les correspondía. Según se ha establecido en Iquique sobrepasarían los 30, es por eso que, ante la querella presentada por el equipo jurídico del diputado, Hugo Gutiérrez, la Fiscalía Regional de Tarapacá designó a 2 fiscales en el caso, quienes con orden judicial ingresaron e incautaron todas las Fichas de Protección Social archivadas tanto en el SERVIU de Iquique como en la Municipalidad de Alto Hospicio.


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