La Unión Europea junto a CEPAL promueven participación política de personas migrantes en Chile

Con la participación de Jorge de la Caballería, jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Unión Europea (UE); Mario Cimoli Secretario General interino de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Eduardo Thayer, Director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, se realizó este evento para abordar los desafíos migratorios de Chile y la región, y afinar la colaboración con la Unión Europea en esta materia.

Igualmente, durante el evento, realizado en la CEPAL, se presentó el proyecto “Movilidad Humana y Derechos: Fortalecimiento de las organizaciones migrantes y promigrantes para la participación política e incidencia pública en Chile”, financiado por la Unión Europea, e implementado por Fundación Avina en conjunto con Observatorio Ciudadano e INCAMI. El proyecto, que se extenderá por un período de dos años, tiene por objetivo fortalecer el rol de las organizaciones migrantes y pro-migrantes para asegurar la participación de sus comunidades en la construcción de pactos sociales y políticos, que garanticen el acceso y ejercicio efectivo de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en Chile.

Al respecto, Jorge de la Caballería señaló “Los temas migratorios implican desafíos crecientes y complejos para todas las sociedades, ya que tienen que ver con el tratamiento y la dignidad de las personas. La UE ha entregado apoyo a Chile en esta materia a través de distintos instrumentos, en vista del importante aumento de la población migrante en el país en los últimos años. Entendemos la importancia de fomentar acciones que contribuyan a la integración de las poblaciones migrantes en las sociedades que los acogen para que puedan ejercer adecuadamente sus derechos y fortalecer así la cohesión social.”

Por su parte, Mario Cimoli, subrayó que “desde hace años la CEPAL viene abordando los asuntos migratorios en la región desde una visión de desarrollo y derechos, y recalcó que, como organismo de las Naciones Unidas, la Comisión defiende una visión multilateral y de cooperación genuina en materia migratoria entre los países y los actores interesados”. Destacó además que, a lo largo de casi tres décadas, la CEPAL y la Comisión Europea han aunado fuerzas para fomentar y consolidar una alianza sólida entre América Latina y el Caribe y Europa.

Entre las intervenciones, también se realizó la de Eduardo Thayer, a través de un saludo pregrabado, en el que expresó: ”como Servicio Nacional de Migraciones nos interesa conocer las experiencias, exitosas y no, que ha tenido la Unión Europea en materia de migración, no solo en cuestión de fronteras sino en políticas de integración e inclusión de personas migrantes. Si bien no hay modelos replicables, si hay un diálogo y aprendizaje respecto a la realidad de la Unión Europea, en materia de migración, que es sumamente necesario… Nos interesa desarrollar esacios de colaboración, y montar un sistema que permita hacer que la política migratoria esté conectada con las necesicades del desarrollo social, económico, y cultural del país, y hoy en día, no tenemos esta arquitectura”

La actividad consideró la realización de un conversatorio que tuvo como objetivo generar un intercambio sobre la perspectiva europea y del Gobierno de Chile sobre la agenda migratoria, identificando desafíos comunes y áreas de intercambio y colaboración, considerando además el contexto internacional actual y las implicancias del proceso constituyente para la construcción de políticas migratorias inclusivas y justas.

En esta instancia participaron Gala Barrezueta, asesora de Gabinete y y jefa de la Unidad de Género de la Dirección del Servicio Nacional de Migraciones ; Pamela Ríos, gerenta programática regional de Migraciones, de la Fundación Avina; Leonardo Moreno, director País Chile de la Fundación Avina; Carolina Stefoni, académica de la Universidad de Tarapacá y experta en Migraciones; Andrea Castellón, vocera de la Red de Organizaciones Migrantes y Simone Cecchini, director del CELADE, División de Población de la CEPAL.

Pamela Ríos, gerenta programática regional de Migraciones, de la Fundación Avina, manifestó: “Este es un evento muy importante, porque pone de manifiesto la relevancia de hallar estos espacios en que distintos actores nos sentemos a la mesa a conversar sobre  migración y solidaridad. Es notable poder articular un diálogo entre las organizaciones migrantes, la academia, el gobierno y la Unión Europea, porque de esta manera se pueden construir bases sólidas para avanzar. Desde Fundación Avina, estamos aquí para aportar y también para colaborar en este tipo de vínculos que nos permitan configurar un país más acogedor, intercultural y próspero, donde se respeten los Derechos Humanos de todas las personas.”

De igual manera, Andrea Castellón, delegada de la Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, se pronunció en la actividad: “es saludable que la Unión Europea, la CEPAL y la Fundación Avina, avancen hacia la solidaridad migratoria. Desde la Red, aportamos con nuestra propia voz lo que hemos cocreado en territorios a diario, minuto a minuto, en experiencias durísimas y hermosas de solidaridad, plenas de humanidad y desarrolladas en un contexto de vacío del estado en el tema migratorio, donde tiene responsabilidad. Deseamos seguir aportando, incluso mucho mejor, pero con nuestros derechos reconocidos como corresponde, con dignidad, en un Chile cambiante. Para bien, en muchos aspectos, hemos contribuido desde la incidencia política en los temas migratorios, y pretendemos seguirlo haciendo. Se necesitan políticas nacionales  y multilaterales, porque los derechos de las personas viajan con ellas, y si bien  los estados tienen sus potestades, estas no pueden sacrificar los derechos humanos de nadie”

Para volver ver la transmisión de la actividad, puedes ingresar en el siguiente link de la página de Facebook de Fundación Avina: https://fb.watch/cQTDIZzp4U/

 DATOS DESTACADOS SOBRE MIGRACIÓN Y REFUGIO EN CHILE:

La UE y su acción. Entre 2011 y 2022, la UE trabaja el tema de la migración internacional mediante dos instrumentos principales: Los proyectos nacionales con sociedad civil y las acciones con el gobierno a través de los programas regionales Eurosocial+ y el PAcCTO, además de acciones puntuales como el trabajo de ayuda humanitaria realizado por la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) en el norte de Chile. Los proyectos nacionales han incluido el apoyo para el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los derechos de migrantes y refugiados, y el fortalecimiento del Derecho de la Comunidad Migrante a una Educación de Calidad (Educación 2020).

Según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), viven en Chile alrededor de 1.5 millones de personas extranjeras, de las cuales 750.000 han ingresado al país en los últimos cuatro años (INE y DEM, 2020). Actualmente, las personas en situación de movilidad proceden principalmente de Venezuela, Perú y Haití, seguido de Colombia, Bolivia y Argentina (INE y DEM, 2020).

En 2020, Chile se convirtió en el tercer país de la región con mayor acogida de población venezolana, migrante y refugiada. El último informe de la Plataforma Nacional de Coordinación para la Respuesta a los Venezolanos (R4V) proyecta al 2022 un total de 562.000 personas venezolanas en el país, de los cuales 481 mil estarían en condiciones de necesidad, dando cuenta que el ingreso de esta población desde el año 2020 se estaría dando en condiciones de mayor precariedad respecto de quienes arribaron en años anteriores al país (Stefoni, Carolina et al., “Informe estudio: Necesidades humanitarias Personas Venezolanas con ingreso reciente a Chile”, 2022)

El ingreso de personas por pasos no habilitados (debido en parte al cierre de fronteras y que se agudizó por la pandemia), según información de la Policía de Investigaciones (PDI) ha aumentado notoriamente: si en 2019 entraron 8.048 personas en esta situación, en 2020 la cifra se duplicó a 16.848, y a septiembre de 2021, se contabilizaban 33.503 personas (La Tercera, 5 nov. 2021, citado en Stefoni, Carolina et al.). Esto trae consigo el que esta población no pueda regularizarse, existiendo así trabas para poder acceder a distintos tipos de derechos e integrarse de mejor forma a la sociedad.