Fiscalía mantiene posición opuesta a Defensoría en torno a joven mujer que degolló a hijita de 6 años
Actualidad 8 octubre, 2015 Edición Cero
Distintas formas de enfrentar el caso de la muerte por degollamiento de un niña de 6 años, cometido por su madre, una joven estudiante universitaria, mantienen la Fiscalía y ka Defensoría. Mientras la primera identifica a la autora, la primera instancia sólo se refiere a ella con su nombre de pila, la segunda entre sus apellidos.
Por otro lado, la Defensoría cumpliendo su rol de defensa, dice que «enajenación mental transitoria», explicando el crimen, la Fiscalía rechaza el argumento.
POSTURA DE FISCALÍA
Descartándose por ahora una situación de locura o demencia por parte de la imputada, el juzgado de garantía de Iquique acogió la petición de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de Paola Pérez Alvarez, quien fue detenida el fin de semana pasado por el degollamiento de su hija de 6 años de edad.
De acuerdo a lo relatado por la Fiscalía en la audiencia de formalización, los hechos ocurrieron durante la mañana del 2 de octubre, cuando la imputada se encontraba junto a su hija en su domicilio ubicado en un edificio de calle Arturo Fernández, y con la intención de matarla, tomó un cuchillo cocinero con el cual cortó profundamente el cuello de la menor, ocasionándole la muerte.
El fiscal Eduardo Ríos dio cuenta de los testimonios del padre de la menor y de la abuela, que fue la primer persona en llegar al domicilio y darse cuenta de los hechos, de la labor realizada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y del perito del Servicio Médico Legal que realizó el informe de autopsia.
El Fiscal formalizó investigación en contra de la imputada por el delito de parricidio, por lo que solicitó su prisión preventiva, dada la gravedad del delito y la pena asignada al mismo, que va entre los 15 años y un día de presidio al presidio perpetuo calificado, y que deberá ser necesariamente de cumplimiento efectivo.
El magistrado Ricardo Leyton acogió la petición fiscal y decretó la prisión preventiva de la imputada por ser un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación se fijó en 60 días.
La imputada permanece internada en la unidad de psiquiatría del hospital regional, donde se realizó la audiencia, por un cuadro depresivo.
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